El Gobierno argentino ha implementado una serie de medidas destinadas a fortalecer la protección de la propiedad intelectual en el sector de las semillas. Esta estrategia incluye la introducción de nuevas herramientas de control para variedades protegidas, modificaciones en la patentabilidad biotecnológica y la creación de una mesa de diálogo con entidades rurales y semilleras, con el objetivo de consensuar una nueva Ley de Semillas y la adhesión de Argentina al convenio UPOV 91.
Resolución Conjunta 3/2026: Un Nuevo Protocolo para la Identificación Varietal
La primera medida formalizada es la Resolución Conjunta 3/2026, emitida por la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (Inase). Esta resolución establece un nuevo protocolo para la identificación varietal de semillas, que se llevará a cabo a partir de muestras obtenidas en el primer punto de entrega del grano. Este cambio es significativo, ya que modifica el esquema de fiscalización de variedades autógamas, como la soja y el trigo.
A partir de ahora, actores privados, incluidos acopios, puertos y cámaras arbitrales, podrán realizar análisis para identificar la genética de las semillas utilizadas, siempre bajo protocolos acordados con el Inase. En caso de detectar el uso de una variedad protegida sin el correspondiente reconocimiento económico, se prevé una instancia de negociación directa entre el productor y el obtentor. Solo si no se llega a un acuerdo, el organismo oficial actuará como instancia administrativa de revisión.
Desafíos en la Protección de la Propiedad Intelectual
El Gobierno considera que esta medida busca resolver una de las falencias históricas del sistema: la dificultad para controlar el uso ilegal de semillas y garantizar el cobro de regalías por parte de quienes desarrollan nuevas variedades. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha defendido la iniciativa, argumentando que la falta de protección efectiva ha generado un atraso tecnológico en la agricultura argentina. Según sus declaraciones, la escasa protección de los derechos de los obtentores ha desincentivado la llegada de nuevas variedades, lo que ha llevado a que empresas argentinas busquen mejores condiciones en otros países, como Brasil.
Como ejemplo, Sturzenegger mencionó que Argentina registró solo 23 nuevas variedades de soja en el último año, mientras que Brasil incorporó aproximadamente 330. Esta diferencia se considera un factor que contribuye a la brecha de productividad entre ambos países.
Modificaciones en la Patentabilidad Biotecnológica
El jueves también se oficializó la Resolución Conjunta 1/2026, que introduce cambios en materia de patentabilidad, especialmente para eventos biotecnológicos. Esta norma derogó resoluciones anteriores que habían creado un Grupo de Trabajo Permanente en Propiedad Intelectual, integrado por organismos como el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el Inase, el Senasa y el INTA. Además, se eliminó la exigencia de que cualquier modificación relacionada con la patentabilidad de materia viva y sustancias naturales contara con la conformidad previa de la Secretaría de Agricultura. Estas derogaciones, según la industria semillera, tardaron 25 años en realizarse.
La Necesidad de una Nueva Ley de Semillas
Más allá de las resoluciones recientes, el Gobierno busca avanzar en la discusión sobre la actualización de la Ley de Semillas y la eventual adhesión de Argentina al convenio internacional UPOV 91, que regula los derechos de propiedad intelectual de los obtentores vegetales, especialmente en lo que respecta a semillas autógamas como la soja y el trigo. Para ello, se ha llevado a cabo una reunión entre funcionarios nacionales y representantes de la Mesa de Enlace, CREA, Aapresid y la Asociación Semilleros Argentinos (ASA). Este encuentro, que tuvo lugar en Expoagro, se presentó como el inicio de un proceso de trabajo destinado a construir consensos que permitan llevar una propuesta al Congreso.
Desde ASA se sostiene que UPOV 91 representa el marco internacional hacia el que debería avanzar Argentina para recuperar competitividad e incrementar las inversiones en genética vegetal. Durante las reuniones con el Gobierno, el director ejecutivo de ASA, Alfredo Paseyro, ha enfatizado que el actual esquema perjudica a toda la cadena agroindustrial, señalando que el país pierde oportunidades de producción y exportación, los productores obtienen menores rendimientos y los semilleros no logran capturar el valor de sus innovaciones.
Perspectivas y Desafíos en el Sector Semillero
Según un informe presentado por ASA, Argentina ha perdido terreno frente a Brasil en términos de productividad, incorporación de eventos biotecnológicos y desarrollo de nuevas variedades. Además, se ha observado que empresas nacionales que lideran programas de mejoramiento genético terminan realizando inversiones en otros países debido a la falta de protección adecuada para sus innovaciones. Sin embargo, las posiciones dentro del sector no son uniformes. Uno de los principales puntos de conflicto es el uso propio de semillas, que permite a los productores reservar parte de su cosecha para volver a sembrarla sin pagar regalías adicionales.
Desde Carbap, se han planteado cuestionamientos a algunos de los argumentos utilizados por el Gobierno, sugiriendo que no se puede atribuir la brecha productiva de Argentina exclusivamente a cuestiones genéticas. Factores como las retenciones, la presión impositiva, la infraestructura, el financiamiento y la estabilidad macroeconómica también influyen en los rendimientos. Según Carbap, la diferencia de productividad en soja respecto a Brasil y Estados Unidos es significativamente menor a la planteada en algunos informes oficiales, lo que hace necesario debatir la cuestión sobre la base de información completa y diagnósticos más amplios.
En paralelo, productores nucleados en Apronor han mantenido reuniones con autoridades de Tucumán para expresar su preocupación por el rumbo de la discusión y solicitar respaldo para acercar sus planteos a legisladores nacionales.
