Estacioneros impugnan la Resolución General 5835/2026 de ARCA por delegación de responsabilidades

El sector de las estaciones de servicio en Argentina se encuentra en pie de guerra ante la reciente Resolución General 5835/2026 emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta normativa, que introduce nuevas exigencias operativas y fiscales, ha generado un fuerte rechazo entre los empresarios del rubro, quienes consideran que la medida traslada responsabilidades propias del Estado a los operadores privados, lo que podría desencadenar un conflicto legal de gran magnitud a nivel nacional.

Implicaciones de la nueva normativa

La resolución en cuestión obliga a las estaciones de servicio a realizar ensayos en cada recepción de combustibles y a asumir nuevas tareas relacionadas con el control del destino de productos exentos de impuestos. Este cambio no solo amplía significativamente el rol de los operadores, sino que también los convierte en actores activos en la fiscalización, un ámbito que tradicionalmente corresponde a las autoridades tributarias.

Juan Carlos Basilico, presidente de la Federación de Entidades de Combustibles, ha confirmado que la entidad está evaluando presentar una acción judicial para frenar la aplicación de esta resolución. Según Basilico, la medida impone una carga administrativa excesiva y genera riesgos operativos que podrían afectar la viabilidad de las estaciones de servicio. “Los ensayos en cada recepción, sumados a nuevas exigencias de control, pueden derivar en demoras, mayores costos y exposición a sanciones por cuestiones que no dependen exclusivamente del estacionero”, afirmó.

Cuestionamientos legales y constitucionales

El asesor legal de la FEC, Fabián Tobalo, ha expresado su preocupación sobre la constitucionalidad de la resolución, señalando que podría vulnerar el artículo 17 de la Constitución Nacional, que protege la propiedad y los derechos de los ciudadanos. Tobalo argumenta que la resolución configura una “inapropiada delegación del poder de policía tributaria”, al imponer cargas de colaboración sin el respaldo legal necesario. Además, advirtió que el artículo 18, que garantiza el debido proceso, también podría verse comprometido.

“El organismo recaudador no puede transferir a los privados funciones que le son propias”, enfatizó Tobalo, sugiriendo que si ARCA desea implementar mecanismos de control sobre combustibles que gozan de beneficios impositivos, debería ser el propio ente quien ejecute esas tareas de fiscalización.

Recomendaciones para las estaciones de servicio

Ante la entrada en vigencia de esta normativa, es crucial que las estaciones de servicio ajusten sus procesos operativos para cumplir con las nuevas exigencias. Se recomienda:

• Realizar un análisis exhaustivo de los procedimientos actuales para identificar áreas que requieran modificaciones.
• Capacitar al personal sobre las nuevas responsabilidades y procedimientos de control que deberán implementar.
• Establecer un sistema de seguimiento y documentación de los ensayos realizados en cada recepción de combustibles.

La situación actual exige una respuesta rápida y efectiva por parte de los estacioneros para evitar sanciones y garantizar la continuidad de sus operaciones en un entorno cada vez más regulado.