La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP, se encuentra en el centro de una intensa polémica tras la reciente firma de una disposición administrativa que ha permitido 246 recategorizaciones de personal. Esta medida ha generado un fuerte rechazo entre los gremios y trabajadores del organismo, quienes argumentan que los ascensos se han otorgado sin considerar los criterios de mérito, antigüedad y formación académica establecidos en el convenio colectivo de trabajo.
Detalles de la Disposición Administrativa
La resolución, firmada el pasado lunes por el director del ARCA, Andrés Vázquez, ha sido objeto de críticas por su aparente falta de transparencia. Los ascensos otorgados corresponden a los escalafones más altos, lo que implica un aumento significativo en los salarios de los beneficiados. Según informes, alcanzar los niveles más altos puede resultar en ingresos netos que superan los $6 millones mensuales, compuestos por un salario básico de aproximadamente $1,9 millones y un adicional que puede alcanzar hasta $4 millones, dependiendo de la calificación interna del agente.
Reacciones de los Trabajadores y Gremios
La filtración del documento que detalla los ascensos ha provocado un descontento palpable entre los empleados de carrera del ARCA. Este jueves, la sede central del organismo amaneció con volantes que denunciaban los nombres de los favorecidos, acompañados de la frase: “Vos laburá. A ellos le suben el grupo”. El sindicato UpsAfip también ha emitido un comunicado en el que califica la medida como un acto “carente de razonabilidad”, argumentando que la carrera administrativa no debe ser tratada como un botín y que se han vulnerado los derechos establecidos en el convenio colectivo.
Casos Controversiales de Ascensos
Entre los casos más destacados que han generado indignación se encuentran los de Nicolás Andrés Velis, hijo del director de la Aduana, quien fue ascendido al grupo 3 sin poseer un título universitario, y Yael Bialostozky, vocera del ministro de Economía, quien saltó al grupo 26 sin cumplir con los requisitos académicos necesarios. Otro caso notable es el de Juan Ignacio Waissman, un abogado que actualmente asesora en la Secretaría General de la Presidencia y que también fue promovido al grupo 26, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la evaluación del desempeño de quienes no están directamente involucrados en las funciones del organismo recaudador.
Implicancias de la Medida
La disposición oficial que justifica estas promociones menciona “los resultados alcanzados en el ejercicio de las funciones” y la “idoneidad” de los seleccionados. Sin embargo, los trabajadores de carrera con años de servicio han expresado su preocupación por la falta de criterios claros y objetivos en el proceso de recategorización. La situación ha puesto de manifiesto la tensión existente entre la administración del ARCA y sus empleados, quienes sienten que se están otorgando categorías a recién llegados sin la formación técnica necesaria para desempeñar funciones en un organismo de recaudación nacional.
