En el contexto actual de la economía argentina, el Gobierno enfrenta una dualidad de cifras que generan tanto optimismo como preocupación. Por un lado, el saldo comercial de mayo ha sido motivo de celebración, alcanzando un superávit de US$ 3.504 millones, un récord histórico según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este resultado se ha logrado gracias a un incremento del 34% en las exportaciones, mientras que las importaciones han disminuido en un 7%.
En los primeros cinco meses del año, el saldo positivo acumulado se aproxima a US$ 11.800 millones, superando ya el total del superávit de todo 2025, que fue de US$ 11.320 millones. En mayo de 2026, las exportaciones alcanzaron un nuevo récord de US$ 9.537 millones, mientras que las importaciones se situaron en US$ 6.033 millones. Este mes marcó el 30º consecutivo con superávit en la balanza comercial.
A pesar de estos números alentadores, el Gobierno se enfrenta a un desafío significativo: la informalidad laboral. Según fuentes oficiales, en algunos sectores, la informalidad supera el 50%. Este fenómeno no se limita a empleados que no reciben su salario en blanco, sino que también incluye empresas que no cumplen con el depósito de las cargas sociales correspondientes a sus trabajadores.
Recientemente, se han presentado denuncias penales por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra varios bancos, acusándolos de irregularidades en la retención de aportes de sus empleados. Entre los bancos denunciados se encuentran el Nuevo Banco de Entre Ríos, el Banco Santa Fe, el Banco Galicia y el Banco Santander. Las denuncias se centran en la falta de pago de aportes de Seguridad Social y de Obra Social, incumpliendo el plazo de treinta días corridos establecido por la ley.
La normativa vigente establece que el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social se consuma cuando no se realiza el depósito de los aportes retenidos dentro del plazo legal. Esto implica que las empresas que retienen aportes a sus empleados y no los ingresan en el tiempo estipulado están cometiendo una infracción grave.
ARCA, aunque no se pronuncia sobre las denuncias específicas, ha llevado a cabo operativos de control en diferentes sectores, como el de la alimentación. En un operativo realizado el 16 de abril, se inspeccionaron locales de una conocida cadena de pizzerías, revelando que el 49% de los trabajadores presentaba irregularidades, incluyendo falta de alta y discrepancias en las fechas de ingreso y remuneraciones declaradas. En otra cadena, el 94%% de los trabajadores también se encontraba en situación irregular.
Los operativos de fiscalización continuarán en diversos rubros, ya que la recaudación fiscal está lejos de ser suficiente para tranquilizar al Gobierno, que ha optado por reducir retenciones y eliminar ciertos impuestos. La pregunta que queda en el aire es si estas acciones serán suficientes para recuperar parte del terreno perdido en la lucha contra la informalidad laboral y la evasión fiscal.
